Cuba, Honduras y la historia de un terrorista notorio convertido en diplomático estadounidense
Salim Lamrani
Rebelión
Finalmente, Honduras aceptó presentar la resolución anual contra Cuba propuesta por el Subsecretario de Estado de los asuntos políticos del Departamento de Estado estadounidense, el Sr. Marc Grossman, a cierto número de países latinoamericanos durante la sexagésima conferencia de la Comisión de los derechos humanos de Ginebra, el primero de abril del 2004.
El proyecto en cuestión, que tiene como objetivo estigmatizar al gobierno de La Habana, sólo fue aprobado por un margen muy estrecho (22 votos contra 21), el 5 de abril del 2004, por los miembros de la Comisión, a pesar de las vigorosas presiones ejercidas por Washington.1 Diez países, entre los cuales Argentina, Brasil y Paraguay, escogieron abstenerse, al considerar la moción anual como una simple lucha política instrumentada por los Estados Unidos. La decisión tomada por las autoridades hondureñas, además de prestarse a la estrategia agresiva estadounidense contra la población cubana, y de favorecer el clima de perpetua desinformación para con la realidad de la Isla, plantea serias preguntas de orden deontológico.2 Es interesante estudiar el panorama social de un país como Honduras que pretende sentar a Cuba en el banquillo de los acusados sobre la cuestión de los derechos humanos. Allende de las consecuencias políticas que semejante sumisión a una maniobra imperial puede engendrar, evoquemos la situación interna de esta nación. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de noviembre del 2003, el 77,3% de los hondureños viven en la pobreza, mientras que el 54,4% se encuentra en la indigencia más total.3 El coeficiente de Gini, que mide el nivel de igualitarismo en el seno de la sociedad, es de 0,59 puntos, lo que hace de Honduras la sociedad con más disparidades de América Latina después de Brasil.4 Un 38,9% de los niños de menos de cinco años sufren de desnutrición crónica. A pesar de esta situación, los gastos públicos para los servicios sociales sólo son de 77 dólares por año y por habitante, lo que ubica Honduras a la penúltima posición del continente latinoamericano (el promedio de América Latina es de 540 dólares).5 Según el último estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tasa de mortalidad infantil alcanza la cifra de 38 por mil nacimientos.6 Lejos de intentar arreglar los graves problemas a los cuales se confrontan sus conciudadanos, el gobierno del Presidente Ricardo Maduro prefiere presentar una resolución contra Cuba.
Según el informe del 2003 de Amnesty International, en Honduras, "Varias decenas de niños y de jóvenes fueron asesinados en circunstancias que dejan pensar que se trataba de ejecuciones extrajudiciales. Este año también, defensores de los derechos humanos fueron víctimas de ataques contra sus libertades fundamentales. Según testimonios, policías usaron la fuerza contra manifestantes (...).
Según Casa Alianza, una ONG que se ocupa de niños de las calles y que estudió estos casos, unos 1 500 niños y jóvenes fueron asesinados desde 1998, de los cuales 556 en el último año 2002 (...). En enero, el Comisario nacional para la protección de los derechos humanos publicó un (...) informe preleminar sobre la muerte violenta de varones, de hembras y de adolescentes en Honduras. [Este] informe rechazó la explicación según la cual estas muertes resultarían de violencias entre grupos; en cambio acreditó la tesis según la cual resultarían de una empresa de 'purificación social'. También estableció que la mayor parte de las víctimas no tenían antecedentes penales (...).
[El estudio] de la ponente especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias relativas a su visita en Honduras en el 2001 fue publicado en octubre. En sus observaciones finales, la ponente especial indica que "niños fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad" y que, en numerosos casos, las víctimas no estaban armadas y no habían dado a los policías ninguna razón de usar la fuerza (...)".7 Un informe de Casa Alianza una ONG que se encarga de la protección de los derechos de los jóvenes y de los niños en América Central que acaba de presentarse a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), relata que 159 jóvenes de menos de 23 años fueron asesinados en centros de detención en Honduras entre mayo del 2002 y marzo del 2004, de los cuales 41 fueron ejecutados de manera extrajudicial. Según la organización, los órganos de la seguridad del Estado son responsables en un 69% de los crímenes.8 Sr. Ricardo Maduro, ¿violaciones de los derechos humanos? ¿Ha dicho violaciones de los derechos humanos?9 El arzobispo de Tegucigalpa, capital del país, el cardianl Oscar Rodríguez, lamentó la actitud de su gobierno. Según su opinión, los derechos humanos se violan cada día en Honduras, pues hay comunidades, en pleno siglo XXI, que carecen de electricidad, de agua y de vías de comunicación. También deploró el hecho de que el Sr. Ricardo Maduro aceptara plegarse a la política anticubana de Was.
Rebelión
Finalmente, Honduras aceptó presentar la resolución anual contra Cuba propuesta por el Subsecretario de Estado de los asuntos políticos del Departamento de Estado estadounidense, el Sr. Marc Grossman, a cierto número de países latinoamericanos durante la sexagésima conferencia de la Comisión de los derechos humanos de Ginebra, el primero de abril del 2004.
El proyecto en cuestión, que tiene como objetivo estigmatizar al gobierno de La Habana, sólo fue aprobado por un margen muy estrecho (22 votos contra 21), el 5 de abril del 2004, por los miembros de la Comisión, a pesar de las vigorosas presiones ejercidas por Washington.1 Diez países, entre los cuales Argentina, Brasil y Paraguay, escogieron abstenerse, al considerar la moción anual como una simple lucha política instrumentada por los Estados Unidos. La decisión tomada por las autoridades hondureñas, además de prestarse a la estrategia agresiva estadounidense contra la población cubana, y de favorecer el clima de perpetua desinformación para con la realidad de la Isla, plantea serias preguntas de orden deontológico.2 Es interesante estudiar el panorama social de un país como Honduras que pretende sentar a Cuba en el banquillo de los acusados sobre la cuestión de los derechos humanos. Allende de las consecuencias políticas que semejante sumisión a una maniobra imperial puede engendrar, evoquemos la situación interna de esta nación. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de noviembre del 2003, el 77,3% de los hondureños viven en la pobreza, mientras que el 54,4% se encuentra en la indigencia más total.3 El coeficiente de Gini, que mide el nivel de igualitarismo en el seno de la sociedad, es de 0,59 puntos, lo que hace de Honduras la sociedad con más disparidades de América Latina después de Brasil.4 Un 38,9% de los niños de menos de cinco años sufren de desnutrición crónica. A pesar de esta situación, los gastos públicos para los servicios sociales sólo son de 77 dólares por año y por habitante, lo que ubica Honduras a la penúltima posición del continente latinoamericano (el promedio de América Latina es de 540 dólares).5 Según el último estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tasa de mortalidad infantil alcanza la cifra de 38 por mil nacimientos.6 Lejos de intentar arreglar los graves problemas a los cuales se confrontan sus conciudadanos, el gobierno del Presidente Ricardo Maduro prefiere presentar una resolución contra Cuba.
Según el informe del 2003 de Amnesty International, en Honduras, "Varias decenas de niños y de jóvenes fueron asesinados en circunstancias que dejan pensar que se trataba de ejecuciones extrajudiciales. Este año también, defensores de los derechos humanos fueron víctimas de ataques contra sus libertades fundamentales. Según testimonios, policías usaron la fuerza contra manifestantes (...).
Según Casa Alianza, una ONG que se ocupa de niños de las calles y que estudió estos casos, unos 1 500 niños y jóvenes fueron asesinados desde 1998, de los cuales 556 en el último año 2002 (...). En enero, el Comisario nacional para la protección de los derechos humanos publicó un (...) informe preleminar sobre la muerte violenta de varones, de hembras y de adolescentes en Honduras. [Este] informe rechazó la explicación según la cual estas muertes resultarían de violencias entre grupos; en cambio acreditó la tesis según la cual resultarían de una empresa de 'purificación social'. También estableció que la mayor parte de las víctimas no tenían antecedentes penales (...).
[El estudio] de la ponente especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias relativas a su visita en Honduras en el 2001 fue publicado en octubre. En sus observaciones finales, la ponente especial indica que "niños fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad" y que, en numerosos casos, las víctimas no estaban armadas y no habían dado a los policías ninguna razón de usar la fuerza (...)".7 Un informe de Casa Alianza una ONG que se encarga de la protección de los derechos de los jóvenes y de los niños en América Central que acaba de presentarse a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), relata que 159 jóvenes de menos de 23 años fueron asesinados en centros de detención en Honduras entre mayo del 2002 y marzo del 2004, de los cuales 41 fueron ejecutados de manera extrajudicial. Según la organización, los órganos de la seguridad del Estado son responsables en un 69% de los crímenes.8 Sr. Ricardo Maduro, ¿violaciones de los derechos humanos? ¿Ha dicho violaciones de los derechos humanos?9 El arzobispo de Tegucigalpa, capital del país, el cardianl Oscar Rodríguez, lamentó la actitud de su gobierno. Según su opinión, los derechos humanos se violan cada día en Honduras, pues hay comunidades, en pleno siglo XXI, que carecen de electricidad, de agua y de vías de comunicación. También deploró el hecho de que el Sr. Ricardo Maduro aceptara plegarse a la política anticubana de Was.
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